Que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, de fecha 8 de agosto de 2014.

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.

Artículo 2.- Funcionarios Obligados a Declarar. Quedan obligados a presentar declaraciones juradas de patrimonio los funcionarios siguientes:

1. El Presidente y Vicepresidente de la República;
2. Los senadores y diputados, así como los secretarios administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados;
3. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos y los demás jueces del orden judicial;
4. Los jueces del Tribunal Constitucional;
5. Los jueces del Tribunal Superior Electoral:
6. El Procurador General de la República, y sus adjuntos, y los demás miembros del Ministerio Público;
7. Los ministros y viceministros;
8. El Defensor del Pueblo;
9. El Gobernador y Vicegobernador, Gerente y Contralor del Banco Central;
10. Los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana;
11. Los miembros de la Junta Central Electoral, el Director Nacional de Elecciones, el
12. Director Nacional de Registro Civil;
13. El Contralor General de la República;
14. Los administradores y gerentes de bancos estatales;
15. Alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales;Los directores y tesoreros de los distritos municipales;
16. El Secretario General y los subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana;
17. Los embajadores, cónsules generales de la República Dominicana, acreditados en otros países y representantes ante organismos internacionales;
18. Los administradores y subadministradores generales;
19. Los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado;
20. Los presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales;
21. Los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado;
22. Los gobernadores provinciales;
23. Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares, los oficiales generales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;
24. El Jefe y subjefe de la Policía Nacional, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;
25. Los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;
26. El Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;
27. Los miembros del Consejo Nacional de Drogas;
28. Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Gerente General, el Tesorero y el Contralor de la Seguridad Social;
29. El Tesorero Nacional;
30. El Rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo;
31. Los miembros de la Junta Monetaria;
32. Los encargados de compras de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte de Justicia, de los ministerios y de las direcciones generales y otros órganos establecidos en el reglamento de aplicación de esta ley;
33. Los funcionarios de cualquier otra institución autónoma, centralizada o descentralizada del Estado que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos.

Artículo 6.- Funciones. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental tendrá las siguientes funciones (en cuanto a Declaraciones Juradas de Bienes se refiere):

30. Realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional de la República o a la institución que corresponda, por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes (DJB), a través de sus respectivas instituciones;

31. Exigir la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a quienes estén obligados que no respondieran al mandato de la ley, y recomendar las sanciones correspondientes;

Artículo 7.- Presentación de Informes Financieros. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración. Estos informes serán requeridos entre el 15 y el 30 de agosto de cada año. La rendición de este informe financiero no exceptúa del cumplimiento de otros informes que sean requeridos por otras normativas vigentes.

El Decreto 486-12 nos faculta a dar seguimiento al cumplimiento del mandato de la Ley 82-79 sobre Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios obligados por esta, de acuerdo a su artículo 5 que establece “El Tesorero Nacional remitirá una copia de cada inventario al Procurador General de la República, donde los terceros podrán obtener sin costo copias de los mismos”, no obstante las mismas reposan en la Procuraduría General de la República.

Dándole de esta manera fiel cumplimiento al Artículo 5 de la Ley No. 82-79.

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http://www.tesoreria.gov.do/